Chilpancingo, Gro., 07 de mayo de 2023.- La diputada Gabriela Bernal Reséndiz presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que se suspenda la patria potestad de menores de edad a las personas que estén siendo investigadas por feminicidio o intento de feminicidio, garantizando con esto el apoyo directo, continuo y gratuito a las víctimas colaterales del delito.
Al exponer en tribuna el sentido de la reforma, la legisladora del PRI resaltó la importancia de que las niñas, niños y adolescentes estén bajo la atención y cuidados de una persona adulta que les proporcione alimento, vivienda, educación, salud, vestido, y sea guía para su inmersión en sociedad, hasta que adquieran la mayoría de edad.
Sin embargo, dijo que hay situaciones que deben generar la pérdida de la patria potestad para salvaguardar la integridad del menor, como es el caso de los feminicidios que se cometen en el seno familiar, y que en su mayoría quedan sin ser procesados o llevados a juicio, dejando a los menores bajo la tutela de los agresores.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género considera que esta reforma al Código Civil del Estado es urgente porque en nuestro país una de cada dos mujeres es asesinada por su pareja, y las cifras oficiales registran que del 2015 a enero de 2023 han ocurrido 6 mil 543 feminicidios.
Abundó que Guerrero, según datos del Gobierno del Estado, se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional en índices de feminicidios, y que en el primer bimestre del 2023 se registraron 23 casos, 43.7 por ciento más que en 2022.
Por lo anterior, externó que es importante seguir trabajando en la homologación de las leyes para hacerlas más eficientes, ya que a pesar de que Guerrero es uno de los primeros estados en tipificar el feminicidio, se mantienen altas incidencias de violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes.
Bernal Reséndiz plantea que no solo se debe legislar para atender los feminicidios, sino contemplar a los menores de edad como víctimas colaterales del delito, a efecto de retirar la patria potestad de hijos e hijas a padres sentenciados por feminicidio o intento de feminicidio, salvaguardando con ello su integridad.
Esta propuesta de reforma al Código Civil del Estado se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.
