Chilpancingo, Gro; 16 de septiembre de 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un Acuerdo Parlamentario que establece los lineamientos para evaluar y emitir juicio a favor o en contra sobre el ejercicio simultáneo de la función edilicia y del servicio público de los integrantes de los Ayuntamientos conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Héctor Suárez Basurto, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, mencionó que la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero establece que los integrantes de los Ayuntamientos durante su encargo, previo juicio que emita el Congreso del Estado, podrán ser autorizados por el Cabildo para desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que lo hagan en las áreas docentes, de la salud, investigación o beneficencia pública.
Se señala que si bien la Ley que rige los municipios establece una limitación para ocupar dos o más cargos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce implícitamente la facultad de ejercer dos empleos públicos y una remuneración por cada uno de ellos, manifestando que existe una antinomia entre esas disposiciones, proponiendo resolverla atendiendo principalmente el principio pro persona.
En ese sentido dijo que las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación consideraron oportuno actualizar los lineamientos para emitir juicio a favor o en contra de la compatibilidad de funciones de ediles publicados el 6 de agosto del 2024 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con la finalidad de darle mayor capacidad de interpretación y valoración a los criterios que realizará la comisión dictaminadora a las solicitudes de autorización de compatibilidad en el ejercicio del cargo popular y el servicio público.
Suárez Basurto dijo que, entre otros criterios que se establecen en los lineamientos, los ediles deberán hacer su solicitud de valoración primero al Congreso y después al Cabildo, acreditarse como representantes populares y entregar su licencia presentada ante su centro de trabajo.
De igual manera la Comisión Dictaminadora tendrá la facultad de requerir a los solicitantes y a las instancias correspondientes la información necesaria que le permita contar con los elementos suficientes para determinar la compatibilidad o incompatibilidad entre el cargo edilicio y otro relacionado con docencia, salud, investigación o beneficencia pública para emitir el juicio correspondiente.
Con base en lo anterior, el legislador mencionó que los nuevos lineamientos de referencia establecen criterios claros y objetivos que permitirán a la Comisión Dictaminadora emitir un juicio adecuado en cada caso, garantizando la protección de los derechos consagrados en la Constitución y evitando que su aplicación quede sujeta a interpretaciones discrecionales.
