Chilpancingo, Gro., 22 de marzo de 2026.– El Pleno de la LXIV Legislatura exhortó el martes pasado a los ayuntamientos de los 84 municipios de Guerrero y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres para que, a través de sus autoridades competentes, realicen y garanticen de manera periódica audiencias públicas con sus gobernados, con la finalidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana, así como impulsar el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

La propuesta fue presentada en su momento por el diputado Julián López Galeana (MC) y dictaminada por las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y de Participación Ciudadana.

En el dictamen se señala que la audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las autoridades convocan a la población para escuchar sus opiniones, propuestas, inquietudes o inconformidades sobre asuntos de interés común, al constituirse como un espacio de diálogo abierto y directo entre el gobierno y la ciudadanía.

Sin embargo, a pesar de que la ley establece la obligación de incorporar mecanismos de participación ciudadana, en la práctica estos derechos muchas veces no se implementan de manera efectiva, limitándose a procedimientos formales o simbólicos que no permiten una verdadera incidencia social.

Esta brecha entre el marco legal y su aplicación evidencia la necesidad de fortalecer los instrumentos de participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, especialmente en los ayuntamientos, garantizando que las audiencias públicas se conviertan en espacios realmente funcionales, accesibles e inclusivos.

Esto consolida las audiencias públicas como un mecanismo fundamental para que la población participe de manera activa en los procesos de gobierno y se fortalezca la legitimidad de las decisiones públicas y políticas.

Por ello, lo aprobado por el Congreso tiene como objetivo impulsar la realización de audiencias públicas, precisando que esta propuesta no invade la esfera de competencias de los ayuntamientos, toda vez que se trata de un derecho positivo previsto en la normativa vigente, cuyo impulso únicamente garantiza el principio de legalidad que debe regir dicho derecho.