Chilpancingo, Gro., a 14 de abril del 2021.- La diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que implemente acciones y estrategias que salvaguarden los derechos de los activistas y defensores ambientales, a sus familiares y las personas involucradas en dicha actividad.
En la sesión de este miércoles, la diputada expuso que los defensores del medio ambiente se encuentran en una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo cuando está de por medio la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala en zonas ecológicas.
Indicó que en Guerrero, en noviembre de 2020 en el municipio de Copalillo, se registró el asesinato del activista Juan Aquino González, fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos y la Reserva de Cazadores para proteger a la liebre y el jabalí, y el pasado 4 de abril de este año fue asesinado Carlos Márquez Oyorzábal, campesino ecologista defensor de bosques y comisario municipal de Las Conchitas, del municipio de San Miguel Totolapan, quien defendía el territorio desde hace más de 20 años.
Posterior a este último asesinato, agregó, la familia, en un video que circuló en redes sociales, expresó haber sido objeto de amenazas de muerte y temía por su seguridad personal. Por estas razones, la legisladora considera que es impostergable la intervención inmediata del gobierno estatal y de las autoridades competentes para garantizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, salvaguardando su vida e integridad personal, así como la de sus familiares.
Asimismo, propuso exhortar a la Fiscalía General del Estado para que realice una investigación exhaustiva apegada a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y para reparar el daño, implementando las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad personal de los familiares del activista Márquez Oyorzábal.
Además, planteó exhortar a la Comisión de los Derechos Humanos para que informe a este Congreso, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, sobre la implementación de acciones y estratégicas de promoción, prevención, defensa y protección de los derechos humanos de los activistas y defensores del medio ambiente, tendentes a evitar la repetición de ataques a su integridad.
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