Chilpancingo, Gro., a 18 de marzo del 2021.- La diputada Fabiola Rafael Dircio propuso derogar la fracción III del artículo 36 Bis 1 de la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para dotar, como parte de los derechos laborales, de una indemnización y pago de salarios caídos a los trabajadores de confianza.
En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, la diputada señala que de acuerdo con el artículo 6º de la citada Ley, los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a estabilidad en el empleo, y sólo tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social, pero carecen de acción para demandar la indemnización constitucional por reinstalación o por despido.
Sin embargo, manifestó que el mes de agosto del 2015 se aprobaron reformas a dicha Ley para dotar claramente de los derechos laborales a una indemnización y el pago de salarios caídos a los trabajadores de confianza, por lo que en este asunto existe una antinomia; es decir, dos normas, una que prohíbe y otra que permite, hecho por el cual es necesario realizar las adecuaciones propuestas.
Iniciativas
Con el objetivo de incorporar el “desarrollo y empoderamiento de la niñez desde una educación igualitaria” en la opinión que emite la autoridad educativa sobre el contenido de los planes y programas de estudio, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Guerrero, misma que se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Cabada Arias también propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar el principio de paridad de género, a efecto de normar las reglas y procedimientos internos del Congreso, así como su estructura y funcionamiento, con la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondiente.
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