Chilpancingo, Gro., a 17 de febrero del 2021.- A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un exhorto a los 80 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que apliquen el escalafón en igualdad de condiciones para las promociones y ascensos de trabajadores de base, buscando siempre el bien común, equidad, legalidad, certeza, imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y factores escalafonarios previstos en la Ley y el Reglamento.
Esto a propuesta de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), quien refirió que una práctica recurrente es que en el último año de administración, los ayuntamientos otorgan ascensos a trabajadores que no cumplen a cabalidad con las bases establecidas en la Ley, dejando en la indefensión a los que sí cumplen con lo señalado en la normativa.
Explicó que la Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, señala claramente los requisitos para que se les pueda otorgar un beneficio los trabajadores.
Por esto, Hernández Martínez considera necesario solicitar a las autoridades municipales que respeten los procedimientos escalafonarios para efectuar los ascensos de los trabajadores de base.
Acuerdos
A la Junta de Coordinación Política se turnó un Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Carlos Cruz López (Morena) para citar a comparecer ante el Congreso al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y a las presidentas de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y de Justicia Administrativa, a efecto de que rindan un informe del estado que guardan dichas instancias jurisdiccionales.
En el acuerdo, el legislador señala que, a pesar de que los juzgados locales y federales que están en el estado, así como los de otras entidades están en funciones desde hace más de diez meses, respetando las debidas medidas y protocolos sanitarios, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal y Juntas laborales siguen cerradas, no admiten demandas, no señalan fechas para desahogo de pruebas y mucho menos ejecutan sentencia ni laudos que ya causaron ejecutoria.
Estas omisiones, agregó provocan una terrible violación a los derechos humanos de los justiciables, por negarles el acceso a la justicia, lo que se traduce en una inobservancia a la Carta Magna y a los pactos internacionales que el Estado Mexicano ha celebrado.
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