Chilpancingo, Gro., a 17 de febrero del 2021.- La diputada Celeste Mora Eguiluz demandó justicia y respeto a los derechos de la periodista Lydia Cacho, resaltando que casos como este representan una acción anacrónica del viejo régimen que pretendía acabar con las voces que lo incomodaban, mismos que no pueden repetirse y que son clara muestra de violación a los derechos nacionales e internacionales.
La legisladora de Morena intervino en relación al seguimiento judicial del caso de la periodista Lydia Cacho, detenida ilegalmente y torturada en el 2015 por órdenes del entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, por la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, donde denunciaba una red de explotación infantil.
Mora Eguiluz señaló que la lucha jurídica incansable de la periodista y el apoyo nacional e internacional han permitido que los responsables estén ante la justicia para responder por los delitos que se les imputa, y resaltó que casos como este no pueden repetirse.
“México debe ser un país donde prevalezca el Estado de Derecho como base para erradicar la corrupción y la impunidad, y donde se fomente la justicia de los jueces más allá de los linchamientos públicos que diariamente se realizan en las redes sociales, basado en las simpatías o rechazo a cierto personaje o partido político”, expuso.
En ese sentido, confío que, como lo ha expresado la exministra y secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, al hacer realidad estos principios constitucionales y con la imparcialidad y objetividad de los tribunales, se puede avanzar en el combate a la impunidad y la impartición de justicia en este país que tanto lo requiere.
Sobre el mismo tema intervinieron el diputado Marco Antonio Cabada Arias y la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, quienes se unieron a la exigencia de que se haga justicia plena a la periodista, un asunto que se tornó de seguridad nacional y que puso de manifiesto la desigualdad y la discriminación persistentes en el país.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, políticos y sociedad en general, para trabajar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.
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