Chilpancingo, Gro., a 18 de noviembre del 2020.- El Congreso del Estado exhortó al Consejo de Seguridad Nacional, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Tribunal Superior Agrario, al Fiscal General de la República, al Ejecutivo estatal, al secretario General de Gobierno de Guerrero y a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para que implementen mesas de diálogo y estrategias de solución al conflicto agrario y de inseguridad que permea en el municipio de Malinaltepec, a efecto de garantizar la integridad y la vida de sus pobladores.
La propuesta promovida por el diputado Aristóteles Tito Arroyo explica que la problemática por las tierras entre pobladores de la cabecera de Malinaltepec y la comunidad de Alacatlatzala cada vez es más violenta, pese a la intervención de la Federación y del Poder Ejecutivo estatal, lo cual obliga a tomar otras medidas y a que intervengan más instituciones.
Agregó que para la solución del conflicto se deben evitar acciones violatorias y basarse en los ordenamientos que marca la Constitución Política local y la Ley 777 de Seguridad Pública del Estado, entre otros ordenamientos que señalan que la seguridad pública es una función de servicio prioritario a cargo del estado y los municipios para salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas, así como preservar el orden y la paz pública.
El legislador de Morena dijo que los conflictos de la tierra en estas comunidades de la región Montaña involucran aspectos sociales, económicos y culturales que deben ser resueltos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para la solución de controversias, tomando en cuenta las diferentes dimensiones sociales y priorizando la preservación de la paz, los derechos humanos, así como el uso y disfrute de sus territorios.
Tito Arroyo explicó que las instancias a las que se les realiza el exhorto son indispensables para resolver la problemática desde sus respectivos ámbitos y atribuciones, para así poder regular las acciones en materia agraria.
De igual forma, instancias como las Fiscalías General de la República y el estado deben aplicar los estándares estatales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la perspectiva de género e interculturalidad, así como el enfoque diferencial y especializado en las investigaciones y procesos de solución a los conflictos agrarios.
Cabe mencionar que la propuesta se aprobó por unanimidad con adiciones y modificaciones de los diputados Bernardo Ortega Jimenez (PRD) y Heriberto Huicochea Vázquez (PRI), en el sentido de delimitar las esferas de competencia y para que el Consejo de Seguridad Nacional, a través de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como la autoridad municipal, de manera coordinada con los otros niveles coadyuven con la solución del conflicto.
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