Chilpancingo, Gro., a 19 de agosto del 2020.- Para castigar a quien cometa el delito de discriminación en contra del personal de Salud durante una emergencia sanitaria, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) propuso reformar el Código Penal del Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta, la legisladora expuso que a partir del surgimiento de la pandemia por Covid-19, se ha estigmatizado y hasta rechazado la figura de médicos, enfermeras y demás personal de Salud, debido al constante contacto que tienen con los infectados.
Añadió que la Secretaría de Gobernación reportó que se han registrado al menos 47 casos de agresión en contra de médicos y enfermeras en 22 estados del país, por lo que se han tomado algunas medidas para garantizar el bienestar e integridad de este sector.
Por ello, propuso reformar el artículo 293 y adicionar los párrafos quinto y sexto del artículo 204 Bis del Código Penal del estado, para que a quien por medio de la violencia física o moral se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o se resista al cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales, se le impongan de dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización.
Asimismo, cuando la resistencia se realice durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria en contra de un servidor o funcionario público que pertenezca a los servicios de Salud, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.
La iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
En otra iniciativa, Norma Otilia Hernández propuso establecer como falta grave y hacer responsable al servidor público que en el ejercicio de sus funciones cometa violencia contra las mujeres. Esto en una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, misma que se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.
La legisladora planteó también una iniciativa de adición a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, para que todas las obras públicas o privadas que se proyecten, además del estudio de impacto ambiental y demás licencias y permisos contemplados por la Ley, cuenten con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el respectivo inicio de obra. Turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático para su trámite correspondiente.
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