Chilpancingo Gro., a 12 de marzo del 2020.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero, para que todas las empresas públicas o privadas que realicen alguna actividad económica dentro del territorio estatal respeten los derechos humanos de sus trabajadores, así como los derechos humanos de quienes reciban un bien o servicio.
Al fundamentar el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, la diputada Yoloczin Domínguez Serna dijo que después del análisis a la iniciativa de reforma a la Ley en mención, presentada por la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), la propuesta es considerada viable, oportuna y necesaria para dar seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y adecuar la legislación del estado a los nuevos paradigmas de responsabilidad de las empresas como sujetos obligados con el respeto de los derechos humanos.
“Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo adoptamos nuestra obligación, como servidores públicos, de atender el llamado del máximo órgano del país en la materia. Consideramos el respeto a la dignidad humana como la piedra angular en la construcción de un país próspero, con paz y armonía, por ello, atendiendo a nuestros ideales, adoptamos como válidos todos los argumentos expuestos por la promovente y nos unimos a la urgencia de adecuar el sistema normativo del estado en la materia”, enfatizó Domínguez Serna.
La propuesta adiciona un capítulo II denominado “Del respeto a los Derechos Humanos en las Actividades Empresariales”, se adiciona un Art. 95 Bis y se reforma el capítulo único para pasar a ser capítulo I, ambos del título undécimo denominado “De la Inspección y Vigilancia de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado”.
En las adiciones y reformas se estipula que en el estado se reconoce a las empresas públicas o privadas como sujetos obligados a respetar los derechos humanos, con responsabilidades en caso de violaciones y, en caso de que se acredite la violación de los derechos humanos de los trabajadores o a particulares por parte de una empresa, se le cancelará cualquier estímulo fiscal desde el momento de la acreditación y hasta por un término de dos años.
Además, las empresas públicas y privadas deberán realizar acciones para que en las relaciones laborales y en el proceso de prestación del bien o servicio, no se vulneren los derechos humanos, se realicen capacitaciones por lo menos una vez al año a sus empleados y directivos, y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico podrá considerar si la empresa dio complimiento de manera correcta o no, y por ende realizar el otorgamiento de estímulos fiscales.
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