Chilpancingo, Gro., 01 de octubre del 2019.- Para considerar como violencia obstétrica el acto de omisión intencional del personal de salud que dañe, lastime o denigre a una mujer durante embarazo, parto o puerperio, el diputado Moisés Reyes Sandoval propuso reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
En la sesión de este martes, el diputado de Morena presentó dicha iniciativa señalando que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se emitieron 22 recomendaciones por casos de violencia obstétrica registrados en diferentes instituciones de salud del país, de 2016 a enero de 2018.
Dijo que también se ha tenido conocimiento de casos que por negligencia médica han generado la muerte de recién nacidos en diversas entidades del país.
Reyes Sandoval señaló que aunque el Código Penal ya tipifica este concepto como delito, es necesario establecerlo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para coadyuvar a prevenir, atender, sancionar y erradicar el problema.
La propuesta del legislador señala como violencia obstétrica “la acción u omisión intencional por parte del personal de la salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación y patología de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad”.
La iniciativa en cuestión fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género del Congreso, para su análisis y respectivo dictamen.
Iniciativas
El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado, para que la apertura, instalación y funcionamiento de estos establecimientos sean vigilados por el Estado, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos el disfrute y protección de sus bienes y riquezas.
Para incorporar un capítulo denominada respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso por su parte reformas a la Ley de Fomento Económico, inversión y Desarrollo Económico.
Mientras que la diputada Nilsan Hilario Mendoza presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que los comisarios municipales reciban un salario que sea fijado por el Cabildo, debido a que estas autoridades tienen un sinfín de actividades y responsabilidades, lo que los hace merecedores de una remuneración digna y adecuada.
El diputado Alfredo Sánchez Esquivel propuso una iniciativa de adición a la Ley de Transporte y Vialidad para crear un Consejo Estatal de Movilidad y Transporte, integrado por transportistas de diversas partes de la entidad, instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil, responsables de diseñar planes estratégicos de movilidad y transporte que promuevan un servicio eficiente, con tarifas justas, seguros, que cuiden el medio ambiente y sean socialmente aceptados.
Y para que los organismos municipales operadores de agua instalen aparatos medidores del consumo de este servicio y se fijen cuotas y tarifas suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de agua, el diputado Ossiel Pacheco Salas propuso reformas a la Ley de Aguas del Estado de Guerrero. La propuesta es, además, para que los directores de estos organismos sean designados y removidos por el Cabildo y no por los alcaldes, como actualmente ocurre.
Dictámenes
De primera lectura quedaron los dictámenes de Reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado; por el que se declaran improcedentes las denuncias de juicio de responsabilidad política presentadas por Socorro Campos Santana en contra de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; y otro en contra de los magistrados Olga Iris Alarcón Nájera, Raúl Calvo Sánchez y Esteban López Flores, integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, promovido por Norma Angélica Prado Torres.
También de primera lectura quedaron los dictámenes que declaran improcedentes las iniciativas de reforma propuestas por los ayuntamientos de Ixcateopan, de Chilpancingo, Juan R. Escudero, San Marcos y Tlacoachistlahuaca.
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