Chilpancingo, Gro., 26 septiembre del 2019.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó un exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para que implemente las acciones correspondientes a fin de garantizar el acceso total de los programas de apoyo de los tres niveles de gobierno en beneficio de los habitantes de colonias y comunidades en situación de extrema pobreza en Acapulco.
El exhorto presentado por la diputada Teófila Platero Avilés, de Morena, solicita a la dependencia federal implementar las acciones y mecanismos necesarios para que las colonias y comunidades en extrema pobreza de esta ciudad sean consideras en el programa denominado “Zonas de Atención Prioritarias” (ZAP), a fin de garantizar a sus habitantes el acceso total a los beneficios y servicios públicos que brinda el Estado.
La legisladora expuso que de acuerdo con datos del Coneval, en el municipio de Acapulco existen decenas de colonias y comunidades con alto grado de marginación y catalogadas en situación de pobreza extrema, a pesar de lo cual no están incluidas en las ZAP de la Sedatu, y el gobierno del estado y el ayuntamiento local no les hacen llegar gran parte de los apoyos sociales.
Refirió que ha recibido múltiples denuncias de habitantes de esas zonas porque las autoridades de los tres órdenes de gobierno se niegan a censarlos para que accedan a estos beneficios, con el argumento de que se encuentran fuera de las zonas delimitadas, dejándolos en una desventaja respecto de la población vulnerable.
Concluyó diciendo que el Estado debe cumplir a la sociedad garantizándole el acceso a los servicios públicos básicos, incluida la seguridad pública, de lo contrario.
Presenta Leticia Mosso iniciativa para aumentar sanciones contra quienes cometen fraude financiero
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analiza una iniciativa al Código Penal del Estado que contempla aumentar la penalidad contra quienes cometan fraudes financieros a personas de comunidades indígenas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español.
En la propuesta, la diputada Leticia Mosso señala la necesidad de endurecer las penas en situaciones específicas, como es el caso de personas originarias de pueblos y comunidades indígenas que desconocen a ciencia cierta información relacionada a la operación de instituciones financieras, aunado a que en la mayoría de los casos, las personas no hablan el español, lo que facilita a los defraudadores cometer dicho ilícito.
La legisladora perredista mencionó que la mayoría de los afectados por estas prácticas fraudulentas son originarios de municipios de muy alta marginación, quienes en un 80% hablan su lengua originaria. Ante esto, Mosso Hernández plantea aumentar en una mitad la pena contra los defraudadores.
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