Chilpancingo, Gro., 13 de agosto del 2019.- Diputados locales aprobaron un exhorto a los ayuntamientos y a la Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres, para que dispongan medidas reglamentarias que garanticen el estacionamiento gratuito a los clientes de centros y plazas comerciales.
El exhorto impulsado por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, busca dar respuesta a una demanda ciudadana justa y evitar que se siga abusando con el cobro de uso de estacionamiento, por el impacto económico que genera en el bolsillo del consumidor.
En el documento se señala que Ley 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado establece que los titulares de permisos, licencias de construcción o usos de suelo de establecimientos mercantiles deberán contar con un número de cajones de estacionamiento adecuados para su funcionamiento, y en el caso de los de más de 100 metros cuadrados, el servicio será prestado a sus clientes de forma gratuita durante las primeras dos horas.
Sin embargo, dijo que esta norma no se aplica como debe ser y genera múltiples inconformidades por los cobros excesivos derivados de prácticas comerciales unilaterales, además de que la mayoría de las veces la operación de los estacionamientos está plagada de irregularidades, porque no tienen a la vista del público el tabulador de precios, no ofrecen seguro para los clientes, ni cuentan con las debidas dimensiones ni adecuaciones para las personas con discapacidad.
Por estas razones, el legislador refirió que es necesario que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos tomen cartas en el asunto, aplicando sanciones a los establecimientos, en especial a los centros comerciales que no dan ese beneficio a sus consumidores.
En ese sentido, Sánchez Esquivel propuso exhortar a los ayuntamientos y a la Casa de Los Pueblos de Ayutla de los Libres para que establezcan en sus Bandos de Policía y Tránsito y otras instancias, como las oficinas de Reglamentos, el cumplimiento efectivo de la ley 790.
También propuso exhortar a los ayuntamientos y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para que en conjunto establezcan acciones de coordinación en temas de difusión y de inspección y vigilancia en la aplicación de la Ley mencionada, además de promover acciones para sancionar a los establecimientos mercantiles que no cumplan con la Ley.
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