Chilpancingo, Gro., 09 de agosto del 2019.- Para dar cumplimiento a una recomendación enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el Caso Iguala, este viernes comparecieron ante Comisiones Unidas del Congreso del Estado los alcaldes de Taxco, Iguala y Chilapa, para informar sobre las condiciones actuales de seguridad pública en sus respectivos municipios.
Ante los diputados y diputadas que integran las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, los alcaldes también plantearon propuestas integrales para dar solución al problema de la inseguridad.
Dicha recomendación de la CNDH señala que deben llevarse a cabo los trabajos legislativos a que haya lugar para que en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal, previa consulta con las comunidades, se genere la normativa para garantizar la seguridad pública en los municipios, respetando y reconociendo la autonomía y autodeterminación de los grupos indígenas.
Asimismo, analizar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios de la entidad y se tomen las medidas pertinentes para restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad en Guerrero, y que se remitan a la CNDH las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos.
Las interrogantes de las y los diputados, por separado a cada uno de los alcaldes, versaron en relación a la ocurrencia de delitos, el número de elementos policiacos a su servicio, salarios y prestaciones sociales, y sus planes de coordinación con la Guardia Nacional.
También si se aplica el Programa de Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg) y si son suficientes los recursos, cuántos elementos policiacos están certificados, cada cuánto tiempo reciben capacitación, y si cubren los requisitos de Control de Confianza.
Además, pidieron conocer las acciones que realizan los alcaldes para la prevención del delito, para la certificación, profesionalización y equipamiento de los elementos, sus metas y planes para mejorar la seguridad en sus municipios y las normas que desde su punto de vista deberían reformarse para eficientar la labor de los cuerpos policiacos.
Cada uno en su oportunidad, los presidentes municipales coincidieron en la necesidad de contar con mayor techo presupuestal para poder disminuir la inseguridad en sus ciudades y comunidades.
Esos recursos, dijeron, son indispensables para la capacitación y la certificación de los policías, para brindarles mejores sueldos y prestaciones sociales, dotarlos de equipo y ampliar el número de elementos, ya que hoy en día son insuficientes para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
Dijeron que están abocados en la tarea de implementar mejores estrategias para la prevención del delito con la participación ciudadana, y de esta manera evitar que la población, especialmente los jóvenes, sean persuadidos por los grupos delictivos.
Reconocieron la necesidad de una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, y manifestaron que una de sus prioridades es la certificación de sus elementos, para garantizar que sean totalmente aptos para desempeñar sus funciones en el marco del respeto a los derechos humanos.
Al culminar las exposiciones y rondas de preguntas, el presidente de la Comisión de Justicia, Omar Jalil Flores Majul, dijo que la problemática de inseguridad coloca a Guerrero en uno de los primeros puntos de la agenda política.
Lamentó que ya han pasado varios años de esos lamentables hechos que trastocaron nuestra cotidianeidad y afectaron la vigencia de la democracia, pero la paz social sigue siendo amenazada por una realidad terrible.
Por eso, manifestó que el acatar la recomendación de la CNDH es una oportunidad para que el Poder Legislativo, desde su trinchera, contribuya con los esfuerzos de reconstruir y fortalecer nuestras instituciones, con miras a lograr la anhelada paz en el estado.
A las comparecencias acudieron el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, David Portillo Menchaca; el coordinador general de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, representante de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Jorge Luis Vela León.
Estuvieron presentes el diputado Omar Jalil Flores Majul y la diputada Lupita González Suastegui, presidente y vocal de la Comisión de Justicia; Heriberto Huicochea Vázquez y Arturo Martínez Núñez, presidente y secretario de la Comisión de Seguridad Pública, y las diputadas Leticia Mosso Hernández y Erika Valencia Cardona, secretaria y vocal de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
También acompañaron la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez, y el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.
El próximo jueves 15, en atención a la misma recomendación, comparecerán los alcaldes de Cocula, Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo.
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