Chilpancingo, Gro., 11 de junio del 2019.- La diputada Mariana García Guillén presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer una penalidad de seis a doce años de prisión a quien solicite y sostenga cualquier tipo de relación sexual, real o simulada, con persona que sea explotada sexualmente por un intermediario.
La legisladora reseñó que a lo largo de la historia ha existido esa doble moral en la sociedad en torno a la prostitución. Dijo que “si bien la sociedad mira con malos ojos a los que ejercen esta profesión (tanto hombres como mujeres), también muchos ciudadanos demandan estos servicios, por lo que cada estado ha intentado desde prohibirlo hasta regular en cierta medida su práctica”.
El problema, agregó, es que junto a la prostitución se desarrollan otras actividades ilícitas, como la trata de blancas o la prostitución obligada.
Dijo que en México la prostitución está en situación de “ilegalidad”, no está prohibida ni regulada y no existe un reglamento para el control de la práctica, así como de actividades de alto riesgo que facilitan la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
“No podemos decir lo mismo para aquellas personas que son sometidas y obligadas a ejercer el oficio de prostitución mediante el lenocinio; éstas están en una peor situación porque son maltratadas física y psicológicamente, torturadas, amenazadas, y no disponen de libertad”, abundó.
Esta reforma al Código Penal del Estado de Guerrero es con la finalidad de establecer una penalidad para todo aquel o aquella que solicite servicios sexuales a través de un intermediario que tenga subyugada para explotación sexual a otra persona, obteniendo un lucro cualquiera, máxime si el “cliente” tiene total conocimiento de la situación
García Guillén precisó que con esto se dará inicio a un nuevo enfoque, como en Suecia, Noruega e Islandia, países en donde la prostitución no está penalizada, pero es correctamente regulada. “Lo que se pretende es combatir de manera directa dichos delitos que tanto aquejan a México y, por ende, al estado de Guerrero”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
Iniciativa
La diputada Blanca Celene Armenta Piza presentó una iniciativa de adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, que establece como falta administrativa grave la omisión, prohibición y el ocultamiento de cualquier tipo de información que impida llevar a cabo el proceso de entrega-recepción en las dependencias de la administración pública estatal o municipal.
Acuerdo
A propuesta del diputado Zeferino Gómez Valdovinos, el Congreso de Guerrero exhortó al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, para que realicen las acciones y trámites pertinentes que permitan integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019 y en programas de ejecución de Obra Pública en materia de infraestructura de Salud, una partida presupuestal de recursos que sirva para la construcción de un Hospital de Tercer Nivel en Acapulco, Guerrero, que atienda las necesidades de población guerrerense.
En este tema, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez propuso una modificación para solicitar al Congreso de la Unión se considere en el Presupuesto de Egresos una partida especial destinada a los gastos catastróficos en materia de salud para la entidad. Mientras que Bernardo Ortega Jiménez amplió el exhorto para el Ejecutivo estatal y el secretario de Salud en la entidad, para que busquen los mecanismos de financiamiento junto con la Federación, de modo que se ponga en marcha un Hospital Regional de Alta Especialidad en Guerrero.
El Punto de Acuerdo presentado como de urgente y obvia resolución, junto con las adiciones, fueron aprobados por unanimidad.
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