Chilpancingo, Gro., a 18 de octubre del 2020.- La diputada Mariana García Guillén (Morena) propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para reducir hasta en un 50 por ciento el salario de las y los diputados, el cual no podrá exceder de 283 unidades de medida y actualización, conforme a su valor diario, y que la dieta y demás prestaciones a las que tengan derecho sean iguales para todos.
Con esto, la LXII Legislatura dará un ejemplo nacional de un compromiso serio con la austeridad y el ahorro en los bolsillos del ciudadano, aseguró la diputada en su propuesta, misma que se turnó para su análisis a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
En el documento, García Guillén expone que el 13 de septiembre de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el Código Penal federal, que establece medidas de austeridad en el gasto público corriente, conforme a los principios de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Aseguró que estas reformas ponen fin a la discrecionalidad, opacidad y desproporcionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, estados y municipios, órganos autónomos, institutos, dependencias y cualquier otro ente público, estableciendo criterios de asignación, control y supervisión, incluso con la posibilidad de denuncia de los ciudadanos para evitar retribuciones estratosféricas, sin menoscabar el derecho a recibir un salario digno y respetando las prestaciones de los trabajadores con menor capacidad económica.
Y es que, dijo, existe un escenario de hartazgo y desafección de los ciudadanos con la clase política y sus funcionarios públicos, ya que se ha caído en un ciclo vicioso donde cada administración pública, de manera desmedida e injustificada, dispone de grandes cantidades de dinero por retribuciones, compensaciones, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, haberes de retiro, entre otros, que permite a muchos servidores públicos tener un ingreso muy por encima del grueso de la población.
Agregó que el Congreso del Estado está catalogado por el Instituto Mexicano para la Competitividad como de los que más presupuesto gastan anualmente, por eso “se debe implementar un plan de austeridad que dé como resultado tener algunas economías, que se reflejen como una disminución al gasto, y de tal forma enarbolar la bandera de la austeridad republicana con la que predica nuestro presidente de la República”.
En ese tenor, expresó que para que la LXII Legislatura deje una huella positiva y pase a ser reconocida en la historia, debe hacerse acompañar de los esfuerzos nacionales por reducir al mínimo el costo de las remuneraciones económicas de las legisladoras y legisladores, para que a los ciudadanos les cueste menos financiar, a través de sus impuestos y contribuciones, a sus instituciones.
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