Chilpancingo, Gro., a 20 de marzo del 2020.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para establecer sanciones económicas a diputados que sin causa justificada falten consecutivamente a tres sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente o de las comisiones legislativas a que pertenezcan.
Dichas sanciones también se realizarán a las y los diputados que abandonen las sesiones durante su desarrollo y no regresen a su conclusión, o se ausenten durante la votación de dictámenes.
El diputado de Morena refirió que el Congreso local cuenta con una normatividad que prevé la manera de agotar el trabajo legislativo; sin embargo, existen deficiencias respecto a las áreas por donde deben transitar las iniciativas y hay lagunas que no permiten identificar el plazo máximo para que se les dé segunda lectura ante el Pleno para que sean votadas y, en su caso, enviadas al Ejecutivo para su publicación.
Manifestó que uno de los principales problemas del proceso legislativo es que los integrantes de la comisión respectiva no asisten el día de la reunión programada, provocando el diferimiento de la fecha por inexistencia de quórum, lo que ocasiona que no se emita el dictamen dentro del plazo de 30 días establecidos por la Ley.
Por lo anterior, el diputado Carlos Cruz propuso reformar la fracción II del artículo 33 y adicionar el artículo 33 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, para especificar que cuando un diputado -sin causa justificada- falte a la reunión de comisión o comité del que forma parte, a pesar de haber sido debidamente notificado, o se ausente durante la votación respectiva, se le aplicarán las siguientes sanciones: por primera vez, una amonestación; por segunda vez, se le disminuirán tres días de su dieta; por tercera vez, se le disminuirán cinco días de su dieta; por cuarta vez, se le disminuirá siete días de su dieta, y las inasistencias se contarán por periodo ordinario.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
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