Chilpancingo, Guerrero; a 28 noviembre del 2019.- Bajo la premisa de que brindar seguridad y paz a los ciudadanos es responsabilidad conjunta de todos los órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, diputados locales ofrecieron coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las estrategias y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de devolverle la paz y la armonía a Guerrero.
Esto durante la comparecencia del titular de dicha dependencia, David Portillo Menchaca, ante las comisiones de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local, con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno.
En sus intervenciones, permeó entre legisladores la coincidencia de que reducir la incidencia de delitos y la violencia es hoy en día la demanda más sentida de la ciudadanía.
Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena dijeron que Guerrero enfrenta un serio problema de inseguridad, cuya solución pasa por el combate de la corrupción al interior de los cuerpos policiacos.
En ese sentido, cuestionaron al secretario sobre los mecanismos implementados y qué tan eficientes, veraces y funcionales han resultado, en busca de que la sociedad recupere la confianza hacia los elementos policiacos.
También preguntaron sobre los protocolos que implementan al interior de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), esto en relación con un informe de la CNDH que habla de la grave vulnerabilidad de las mujeres reclusas; y si se tiene previsto un penal para mujeres.
Pidieron también informes sobre el equipamiento y salarios de la policía y si el área cibernética está capacitada para hacer frente al ciberacoso, que ya amerita sanciones carcelarias.
Además, se pidió conocer el número de policías en activo, cuántos están certificados, cuántos son escoltas, y sobre los resultados de la auditoría del 2017 aplicada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por parte de la ASF.
Pidieron saber sobre los hechos violentos suscitados en la comunidad de Xaltianguis y su seguimiento; información de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y si se han entablado mesas de coordinación con funcionarios federales, estatales y presidentes municipales, empresarios y organizaciones del transporte público para implementar acciones contra la quema de vehículos por parte de presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Participaron de este grupo parlamentario los diputados Moisés Reyes Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Carlos Cruz López, Perla Xóchitl García Silva, Aristóteles Tito Arroyo y Mariana García Guillén.
Por su parte, los legisladores Heriberto Huicochea Vázquez, Omar Jalil Flores Majull y Alicia Zamora Villalva, del PRI, se dijeron dispuestos a colaborar, conforme a sus atribuciones, para que retorne la seguridad a Guerrero, pero recalcaron la importancia de conocer la situación real que prevalece en la dependencia.
Ante ello, pidieron conocer el monto de recursos que se destina a las acciones de certificación y acreditación de policías y para la liquidación de los que no resultaron certificados; cómo se apoya a los municipios en el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y capacitación de personal, y los avances en la construcción de C5.
Además, preguntaron sobre las acciones instrumentadas para lograr que los municipios cuenten con los elementos necesarios; la coordinación que llevan con la Guardia Nacional, y cómo se promueve la participación ciudadana.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) dijo en su oportunidad que la actual política de seguridad pública no ha logrado contenerla la violencia y mucho menos erradicarla, algo que los tres niveles de gobierno deben reconocer.
Por lo anterior, consideró importante que la instancia responsable cuente con políticas, normas e instrumentos de control eficaces que garanticen una función soportada en valores de integridad, respeto a los derechos humanos, no discriminación y profesionalismo, por lo que preguntó si existe un plan de capacitación constante al personal policial.
El diputado independiente Servando Salgado Guzmán cuestionó en su momento sobre el número de policías comunitarias u órganos de seguridad existentes en la entidad; si están registradas, evaluadas, supervisadas y controladas; cuáles de ellas reclutan a menores de edad y qué se está haciendo para evitarlo esto último.
La legisladora Guadalupe González Suástegui, del PAN, solicitó por su parte conocer las estrategias para evitar la corrupción de los elementos, en qué consiste el diagnóstico y propuestas del programa para el fortalecimiento del estado de fuerza de los cuerpos policiales, y las estadísticas de la comisión de delitos desde los centros penitenciarios
Mientras que la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, pidió saber cuántas de las 86 medidas cautelares y de protección dictadas por organismos de derechos humanos corresponden a defensoras, periodistas y víctimas del delito, y qué acciones se han implementado para cumplirlas.
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