Chilpancingo, Gro., 10 de noviembre del 2019.- A la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado se envió una propuesta de exhorto a dependencias federales, para que realicen una investigación a fondo de la construcción de viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, ante la presunción de anomalías y actos de corrupción.
En tribuna, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, a nombre de sus homólogos Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis Enrique Ríos Saucedo, manifestó que en el 2014 el entonces secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Carlos Ramírez Marín, anunció la construcción de 1,100 viviendas para vecinos de Chilpancingo que resultaron afectados por los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, ocurridos un año antes.
Este complejo habitacional contaría, de acuerdo con su proyecto, con canchas deportivas, mercado, terminal de autobuses, zonas recreativas y escuelas.
Sin embargo, Hernández Martínez manifestó que en corto plazo se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real.
Abundó la legisladora que cuando recién se habían entregado las casas, los daños ya eran notoriamente visibles -cuarteaduras-, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras.
Señaló que el delegado de esta dependencia en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, en el 2017 dijo que de acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), cada casa debía costar 190 mil pesos, 120 mil en construcción y 70 mil por la introducción de los servicios.
“Sin embargo, en este fraccionamiento se ha ido una ‘millonada’, pues en cuatro años se han gastado más de 490 millones de pesos, sin que se puedan concluir las casas; la mayoría del dinero se ha ocupado en reparaciones y en estabilizar el terreno”, reprochó.
Por ello, solicitó a las secretarías federales de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Función Pública, que investiguen lo sucedido, para de esta manera coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como “lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Dictámenes
En la misma sesión, los legisladores aprobaron un dictamen para conceder licencia por tiempo indefinido a Genoveva Rivera Bravo como síndica procuradora del municipio de Xochihuehuetlán, a partir del 1 de octubre de este año, y otro por la renuncia de Eva Martínez Torres como regidora del Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón.
También aprobaron adiciones a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos y al Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados, para que se incluya la figura de “caducidad” en los procesos de pago de laudos a trabajadores, que permita agilizar los procedimientos y, a su vez, poder llegar a resoluciones justas.
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