Chilpancingo, Gro., 19 de junio 2019.- Con el ánimo de salvaguardar los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requieren en el Sistema de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, a través de mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios rectores de profesionalización, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez propuso reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
En sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el legislador señaló que es necesario contar con una redacción clara en los artículos 88 y 89 de dicha Ley, sobre todo donde se refiere a los integrantes de las instituciones policiales como “el personal”, término que engloba de manera genérica a todos los trabajadores de las instituciones policiales. Es decir, agregó, que comprende al personal administrativo y de servicios, cuando la denominación correcta, por su exclusividad, debe ser “los miembros” de las instituciones policiales, y que enfoca particularmente al personal operativo policial.
Huicochea Vázquez manifestó además que también es prioridad plasmar que una de las causas de separación del servicio de los miembros de las instituciones policiales es el no cumplir con los requisitos de permanencia. “Los elementos están obligados a cumplir con sus evaluaciones de permanencia de forma periódica, para determinar la continuidad dentro de las corporaciones policiales”, precisó.
Asimismo, la iniciativa plantea especificar en qué casos procede pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el elemento, situación que procederá únicamente cuando la autoridad jurisdiccional determine que el despido fue injustificado.
La propuesta se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen respectivo.
Iniciativa
A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó una iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus Municipios, enviada por el Ejecutivo estatal.
Intervenciones
El diputado Arturo Martínez Núñez se pronunció a favor de que la solicitud de interrupción legal del embarazo, en caso de violación, se vea en función de la protección de los derechos humanos de la víctima y no en función de castigar este método.
Asimismo, exhortó a las Comisiones de Justicia, Salud y Para la Igualdad de Género para que remitan la correspondiente iniciativa de reforma al Código Penal, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, cumpliendo con la responsabilidad institucional de generar un marco jurídico que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y acceder a una vida libre de violencia.
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