Chilpancingo, Guerrero, a 9 de abril de 2019.- El diputado Moisés Reyes Sandoval propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Extorsión, con el objeto de implementar nuevas acciones y políticas públicas que combatan con eficiencia y eficacia la comisión de este delito en Guerrero.
En la sesión de este martes, el legislador presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la estructura orgánica de este órgano encargado de la procuración de justicia.
Explicó el legislador que de acuerdo con la encuesta 2018 del INEGI, la extorsión ocupó el primer lugar de los ilícitos cometidos en Guerrero.
Indicó que la Fiscalía propuesta debe “contar con una estructura adecuada para la implementación de acciones y estrategias de gobierno eficientes y eficaces para combatir ese flagelo que desde hace varios años ha lacerado la vida de un gran número de guerrerenses.
Por lo anterior, dijo que se debe trabajar arduamente, “sin demora ni descanso, para dar a la ciudadanía la paz, seguridad y tranquilidad social que tanto anhelan”.
En la iniciativa, el diputado plantea además que el titular de dicho órgano sea nombrado y removido conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para los fiscales especiales, buscando en todo momento su fortalecimiento.
Iniciativas
En tribuna, la diputada Yoloczin Domínguez Serna (Morena) presentó reformas a la Ley Número 994 de Planeación del Estado de Guerrero, para que los Ayuntamientos tengan la obligación de publicar su Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico Oficial del Estado. La propuesta fue turnada a comisiones.
A la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos se turnó una iniciativa de Ley que Crea el Instituto de Lenguas Indígenas y Afromexicanas del Estado, presentada por el diputado Aristóteles Tito Arroyo, de Morena.
Y el diputado Carlos Cruz López presentó por su parte una iniciativa de Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado, para establecer que los servidores públicos de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y de los órganos autónomos, promuevan, respeten, protejan y sobre todo garanticen los derechos humanos de las personas.
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